Registro Obligatorio de Celulares en México Genera Dudas sobre Privacidad y Certeza Jurídica 

• México cuenta con más de 148 millones de líneas móviles activas, pero apenas el 20.3% había completado su registro durante el primer trimestre de 2026.
• Especialistas advierten vacíos legales relacionados con la protección de datos personales, la verificación de registros y los posibles casos de suplantación de identidad.

México, 6 de julio de 2026. – El registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México ha generado dudas entre los usuarios sobre la protección de sus datos personales, la forma de verificar si un número está vinculado a su identidad y las posibles implicaciones legales derivadas de errores, registros indebidos o casos de suplantación de identidad.

La discusión cobra relevancia si se considera que México cuenta con más de 148 millones de líneas móviles activas y que, de acuerdo con cifras oficiales, apenas el 20.3% de los usuarios había completado el proceso de registro durante el primer trimestre de 2026. La cifra refleja la incertidumbre que aún existe entre millones de ciudadanos respecto al alcance y funcionamiento de esta medida.

Desde enero de 2026, las líneas telefónicas deben vincularse a una persona física o moral mediante la presentación de identificación oficial y CURP. Las autoridades han señalado que el objetivo es fortalecer el combate a delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. Sin embargo, especialistas consideran que el debate también debe analizarse desde una perspectiva jurídica y de protección de derechos fundamentales.

“Nos encontramos ante una medida que busca generar mayores herramientas para la seguridad pública, pero que también plantea interrogantes jurídicas importantes. Existe una tensión entre la necesidad de identificar plenamente a los usuarios y la obligación del Estado de proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos”, señaló Teodoro Serralde, director de Serralde Consultores Jurídicos.

El especialista explica que una de las principales contradicciones radica en que, mientras la legislación mexicana reconoce el derecho a la protección de datos personales y establece principios para limitar su recopilación y tratamiento, el registro obligatorio implica la concentración de información identificable asociada a millones de usuarios, lo que incrementa la responsabilidad de las autoridades y operadores para garantizar su resguardo.

A ello se suma la preocupación sobre los riesgos derivados de posibles filtraciones de información. En los últimos años, México ha enfrentado diversos incidentes relacionados con la exposición de bases de datos públicas y privadas, lo que ha incrementado la sensibilidad social respecto al manejo de información personal.

“Entre más grande es una base de datos que concentra información personal, mayor es también el interés que puede generar para ciberdelincuentes o para quienes buscan obtener datos de manera ilícita. La seguridad de la información debe ser una prioridad tan importante como los objetivos de seguridad pública que persigue la medida”, agregó Serralde.

Otra de las preocupaciones jurídicas se relaciona con la posible vinculación incorrecta de líneas telefónicas a una persona. Si bien el registro busca facilitar la investigación de delitos, podrían presentarse escenarios en los que un ciudadano tenga que demostrar que una línea fue obtenida mediante robo de identidad, fue utilizada por terceros o fue asociada indebidamente a sus datos personales.

“También existe una discusión sobre la proporcionalidad de este tipo de medidas. México ya ha tenido antecedentes de registros obligatorios de usuarios de telefonía móvil que enfrentaron cuestionamientos constitucionales precisamente por su impacto en derechos fundamentales. Por ello resulta indispensable contar con mecanismos transparentes de supervisión, corrección de datos y atención a posibles afectaciones para los ciudadanos”, puntualizó.